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Publicado por WebMaster

Mediante el decreto Nro. 44 del 12 de abril de 2018, dictado en el marco de la “emergencia económica”, se adoptaron medidas excepcionales para incrementar la capacidad productiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales (artículo 1) basadas en la necesidad de responder a las “agresiones internas y externas” que han afectado a la industria petrolera.

En realidad, las medidas adoptadas en el decreto Nro. 44, además de inconstitucionales, no resuelven ninguno de los problemas de fondo que han llevado al colapso de la industria petrolera. Por el contrario, esas medidas pudieran comprometer, todavía más, la ya mermada capacidad de producción de las empresas públicas operadoras.

¿Qué medidas se adoptaron?

Las medidas fueron adoptadas en el marco del Decreto de Emergencia Económica que desde enero de 2016 el Gobierno ha venido dictando y prorrogando en violación a la Constitución. Por un lado, el régimen de la emergencia económica solo podía durar un máximo de 120 días –artículo 338 de la Constitución–, pero el caso es que tiene ya más de dos años. Además, el primer decreto de emergencia económica quedó revocado al no ser aprobado por la Asamblea Nacional, revocatoria que sin embargo fue indebidamente desconocida por la Sala Constitucional. Es por esto que el decreto Nro. 44, como todos los demás decretos dictados al amparo de esa emergencia económica, debe reputarse nulo e inexistente. En todo caso, el citado decreto adopta tres tipos de medidas:

1. Ordena la reorganización de PDVSA y sus filiales.

2. Suprime los procedimientos de licitación pública competitiva para ciertas obras, bienes y servicios.

3. Ordena la reincorporación de todos los empleados de PDVSA que cumplen otro tipo de funciones.

Todas esas medidas aplican a PDVSA y sus empresas filiales, pero no parecen incluir a las empresas mixtas.

La reorganización de PDVSA

El decreto establece que el ministro del área de petróleo tendrá amplios poderes de control sobre PDVSA y sus filiales (artículo 2). Esto incluye, entre otras facultades, la posibilidad de ordenar la supresión de PDVSA o de cualquiera de sus filiales, ordenar la creación de nuevas filiales e incluso ordenar la creación de conglomerados empresariales. Asimismo, el ministerio tendrá competencia para cambiar la organización interna de PDVSA y sus filiales, incluso, para crear organizaciones centrales comunes a todas las empresas públicas petroleras (artículo 3).

Con estas medidas se desnaturaliza el ya mermado rol de PDVSA como ente de control de las empresas públicas operadoras –aquellas a cargo de las actividades de exploración y explotación– rol que pasa a ser asumido formalmente por el ministerio. Con esto, se confirma que PDVSA perdió la autonomía técnica con la cual fue creada, autonomía que se deterioró luego del cambio conocido como “la nueva PDVSA”, y de acuerdo con el cual PDVSA pasó a depender políticamente del Gobierno Nacional.

 

 

Gaceta Oficial No. 41.376 by QLVzla on Scribd

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